Tener una vivienda alquilada le ofrece múltiples beneficios a su propietario. La casa está habitada y, generalmente, cuidada por sus nuevos inquilinos, y además, recibe un ingreso extra cada mes por el pago del alquiler. Sin embargo, también puede ocurrir todo lo contrario, que el inquilino no pague, una de las mayores preocupaciones de los arrendatarios a la hora de poner una propiedad en alquiler.
Aunque en el contrato se estipule los días de pago de cada mes, puede darse la posibilidad de que el inquilino se demore en el pago o que, directamente, pase varios meses ‘okupando’ la vivienda. Esta situación puede darle muchos quebraderos de cabeza al propietario, que no sabe cómo actuar ante estas circunstancias.
Si se trata de un retraso puntual en el pago por causas justificadas, seguramente sea el propio inquilino quien avise al arrendador de su demora y le explicará la situación, poniéndose al día lo antes posible. En estas ocasiones el problema no suele ir más allá y el mes siguiente pagará su renta en el tiempo y forma establecidos.
Pero no siempre es así. A veces la situación persiste, dejando de ser un retraso puntual y acumulando meses sin pagar el alquiler. En este caso, lo primero que se recomienda es dialogar con el inquilino para intentar encontrar una solución al problema, llegar a un acuerdo o, en caso de que no pueda pagar, establecer un plazo para que desaloje la vivienda.
Si el inquilino no pone de su parte o no está dispuesto a negociar y no justifica su impago, lo mejor es recurrir a un profesional para que intervenga y te ayude a recuperar el dinero perdido y la vivienda, y así podrás ponerla de nuevo en alquiler.
Antes de acudir a los tribunales, es aconsejable enviar un burofax con certificado de texto y acuse de recibo, que vaya acompañado de la firma de un letrado, donde se le informe que debe ponerse al día con el pago de la renta o se recurrirá a acciones judiciales. También puede ofrecerse la posibilidad de una negociación con intermediarios que beneficie a ambas partes.
Si esto no fuera suficiente, habría que meterse en un procedimiento judicial, algo que tanto arrendadores como arrendatarios prefieren evitar, ya que es proceso lento y costoso.
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